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El derecho de petición en la era digital

Desde la constitución del 91, Colombia reconoció el derecho fundamental de petición, según el cual “toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución” (art. 23 constitucional). Así, se generó la obligación correlativa del Estado a responder a estas solicitudes siempre que se radicaran por medios idóneos, que según la ley 527 de 1999 podrían ser, además del medio tradicional escrito u oral, “medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax”.

Con la modernización de la tecnología y la obsolescencia de algunos medios aquí citados, la sociedad y el estado colombiano se ven en la obligación de reconocer los avances y la validez de nuevos canales de comunicación, como lo son las redes sociales, características de esta cuarta revolución industrial. De este modo llegamos al día de hoy, en el cual la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez reconoció en sentencia T-230 de 2020 la utilización de redes sociales, como Facebook, para dar a conocer una solicitud ante entidad administrativa.

En el caso concreto, un ciudadano había enviado un mensaje directo a la página de Facebook del Acueducto de Popayán, solicitando información por las obras realizadas en una zona de la ciudad, a lo cual, se le contestó que la petición no estaba siendo radicada correctamente, y que debía realizarla “a través de medio impreso o enviar la petición al correo electrónico”. La Corte, entonces analiza que pese a los protocolos anteriores orientados a redirigir las comunicaciones a los canales tradicionales, “las redes sociales pueden ser medios idóneos para la presentación de solicitudes”.

Por otro lado, es importante resaltar unos requisitos que dispone la Corte Constitucional en este fallo para dar pie a que se normalice la radicación de derechos de petición en redes sociales. En primer lugar, enfatiza que al establecer la posibilidad de una comunicación bidireccional en redes, el Estado asume “la obligación de tramitar las solicitudes que por esa vía se formulen, siguiendo las exigencias legales para tal efecto”. Además, menciona que es claro que las redes sociales tienen problemas en cuanto a la identificación del sujeto que interpone la petición; sin embargo, establece entonces que para que se entienda identificado el sujeto, la red empleada debe contar con “sistemas de protección de la información como la criptografía (posibilidad de crear un perfil con una contraseña que solo conozca el titular de la cuenta) o la firma digital”, esta última siendo una especie de firma electrónica que permite la acreditación de identidad del firmante y la autenticidad del documento. Finalmente, un requisito que impone la Corte es que la comunicación cumpla con características de integridad y confiabilidad, es decir, “que el canal utilizado cuente con condiciones que permitan realizar un seguimiento al mensaje desde que fue enviado por el originador hasta que fue recibido por su destinatario, con el fin de establecer si su contenido resultó o no alterado en algún punto”. El fallo aquí mencionado refleja definitivamente la voluntad de transformación e innovación en el estado colombiano, que aún teniendo mucho por hacer en el campo de las TIC, empiezan a reconocer la viabilidad de alejarse de la burocracia tradicional y la importancia de incorporar las herramientas que nos ha traído el desarrollo tecnológico para alcanzar los fines constitucionales y legales de nuestro estado. También, como particulares, nos invita a apropiarnos de estas vías para hacer valer nuestros derechos, para dejar de ver a la administración pública como un ente lejano y ajeno a nosotros, y empezar a darnos cuenta de que el sentido mismo del estado es servir a los ciudadanos como un todo, con el fin de alcanzar el sueño de Colombia diseñado desde la constitución de 1991.

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